La Guardia Civil constata el cúmulo de irregularidades del Sant Pau
El Hospital de Sant Pau pagó elevadas cantidades de dinero a altos cargos en concepto de salarios que no estaban justificados, escondió esas retribuciones en las auditorías y solo cesó en las irregularidades cuando la situación, que conocieron sucesivos directivos del centro, fue denunciada por los trabajadores. La investigación realizada por la Guardia Civil confirma el cúmulo de irregularidades en la política de contratación de la histórica institución. Las conclusiones están en poder del juez que instruye la macrocausa del Sant Pau, que consta de tres piezas separadas sobre los contratos ficticios, la relación patrimonial entre las tres fundaciones que forman la institución y el sobrecoste del nuevo hospital.
El Sant Pau está inmerso en una triple crisis: una de gestión tras dimitir en bloque del patronato de la fundación que gestiona el hospital en junio y el nombramiento de otro; una crisis económica, con un agujero acumulado de 57 millones de euros en solo dos años; y la judicial, ya que casi todos los gerentes entre 2000 y 2011 están imputados por el juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona tras las denuncias d el comité de empresa del centro.
El Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil debía indicar al juez si, como denunció la Asociación Profesional de Enfermería (API), el Sant Pau firmó contratos ficticios con tres personas: Ricard Gutiérrez Martí, peso pesado de la sanidad de la órbita del PSC que llegó al Sant Pau en 2001; José Ignacio Cuervo, exconcejal socialista en Barcelona y exdelegado de la Generalitat en Madrid hasta 2010, y María Mercè Cruells, exdirectora de Atención Ciudadana del Departamento de Salud en la época de la socialista Marina Geli.
Los investigadores tomaron declaración como imputados por un presunto delito de malversación a estos tres y a otras cinco personas, responsables de esos contratos: los exgerentes Joaquim Esperalba y Jordi Varela; el director de recursos humanos, Felipe Carbajo; el exdirector general, Josep Grau Reinés y el director gerente Jordi Bachs. En el atestado enviado al juez, al que ha accedido este diario, los investigadores concluyen que Gutiérrez Martí, ex gerente adjunto, cobró durante siete años un salario cuando ya no trabajaba en el hospital y Cuervo recibió dos sueldos por el mismo trabajo. Cruells sí ejerció las funciones para las que había sido contratada como “facultativa colaboradora”.
Ricard Gutiérrez aterrizó en el Sant Pau en 2001 de la mano del entonces gerente Joaquim Esperalba, que le contrató siguiendo las indicaciones de Xavier Casas, entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento y miembro de la Muy Ilustre Administración (MIA) que gobierna el Sant Pau. Gutiérrez Martí ejerció funciones ejecutivas hasta la marcha de Esperalba, a principios de 2004. A partir de esa fecha y hasta que fue despedido, en 2011, dejó el hospital y pasó a ejercer funciones de docencia y de dirección de un máster en la Fundación Doctor Robert. Las tareas que tenía asignadas por contrato para el proyecto del nuevo hospital fueron asumidas por un arquitecto nombrado por una empresa externa, explicó Grau Reinés a los investigadores. A pesar de ello, el Sant Pau siguió pagando a Gutiérrez Martí un sueldo de unos 130.000 euros anuales durante siete años.
Cuando Jordi Varela fue nombrado gerente en 2008, Gutiérrez Martí seguía cobrando del Sant Pau, aunque según el propio Varela no realizaba “las funciones detalladas en el contrato”. Pero Varela decidió “no tocar nada” y nombrar a otro gerente adjunto como su mano derecha. Gutiérrez Martí había sido nombrado en 2004 patrono del hospital por parte del Gobierno tripartito, lo que le impedía cobrar un sueldo de la misma institución que tenía que controlar, según la ley catalana de fundaciones. De hecho, las retribuciones de Gutiérrez Martí no constaron en los informes de auditoría, irregularidad que no detectaron ni los gerentes ni el propio patronato, hacen constar los investigadores. Además del cuantioso salario que percibía del Sant Pau, Gutiérrez Martí cobró también de la Fundación Doctor Robert una media de 30.000 euros anuales brutos entre 2004 y 2012 por “unas 40 o 50 horas mensuales” de trabajo.
Al ser despedido, en 2011, fue el Instituto Catalán de la Salud (ICS), donde tiene plaza como inspector médico, el que se hizo cargo de su sueldo. El ICS le pagó por ello menos de la mitad de lo que le pagaba el Sant Pau, lo que demuestra que su puesto había estado hasta ese momento “sobrevalorado económicamente”, según la Guardia Civil.
Aunque su ocupación requería dedicación exclusiva, Gutiérrez Martí también cobró de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), del Colegio de Médicos de Barcelona y diversas sociedades vinculadas, del Consejo General de Colegios de Médicos y de la Universidad Pompeu Fabra. Gutiérrez Martí abandonó su puesto en mayo de 2011. Ese año, se embolsó más de 370.000 euros, entre ellos, 60.000 del Consejo General del Colegio de Médicos; 13.000 del Colegio de Médicos de Barcelona; 49.000 de la Fundación Doctor Robert; 46.000 del Sant Pau; 34.000 del ICS; 3.200 de la UAB y 158.000 de indemnización al ser despedido del hospital.
Aunque Varela afirmó que el despido del gerente adjunto se debió a una orden para reducir los cargos directivos, la salida de Gutiérrez Martí se produjo poco después de que los representantes sindicales del Sant Pau tuvieran acceso al censo de la plantilla y denunciaran que el alto cargo seguía figurando en ella. Y eso a pesar de que el director de Comunicación y Relaciones Ciudadanas, Josep Tardà, explicó a la Guardia Civil que no supo quién era Gutiérrez Martí hasta que EL PAÍS publicó el primer artículo sobre él.
Otro de los contratos investigados es el de José Ignacio Cuervo, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el PSC, inspector médico del ICS a partir de 2010. Cuervo llegó al Sant Pau en enero de 2011, dos meses después de ser relevado en Madrid, para colaborar en el despliegue de un campus de excelencia y un nuevo instituto de investigación. Cuando Varela le contrató, “Cuervo realizaba un solo trabajo y percibía dos sueldos” —el que le pagaba el Sant Pau y el del ICS— afirman los investigadores. Esto sucedió con “conocimiento pleno” por parte de la fundación de gestión.
El contrato de Cuervo se terminó en junio de 2011, motivado según él por el “conflicto laboral del hospital, que llevaba aparejado la reducción de directivos”. Pero en realidad, el Sant Pau empezó a pagarle como autónomo a cargo de la fundación patrimonial, aunque una cantidad menor puesto que Cuervo pasó a trabajar solo dos días a la semana, ya que se había reintegrado a su puesto en el hospital Vall d’Hebron. La retribución de ese contrato como autónomo era de 49.900 euros al año.
Preguntado por EL PAÍS en mayo de 2012, Cuervo admitió que “fue un error firmar ese contrato”, aunque pensó que su aportación al Sant Pau podría ser “interesante”. También dijo que no valoró “bien las circunstancias”, pero que sí “hizo el trabajo”. Gutiérrez Martí, por su parte, dijo a los investigadores que siempre realizó la actividad “objeto del contrato” suscrito con la fundación y que su doble remuneración se debió a que el Sant Pau le pagaba por gestionar la cátedra y la Fundación Doctor Robert lo hacía por dirigir el máster.
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